Hablemos de derechos, hablemos de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Yira Isabel Miranda MonteroYira
Investigadora Grupo Ahimsa
Corporación Descontamina

mirandamon21@hotmail.com
Twitter: @YiraMirandaM 

El pasado[1] 10 de mayo se cumplieron 10 años desde que la Corte Constitucional Colombiana mediante Sentencia C-355 considerara como no constitutivo de delito el aborto, bajo  tres causales:

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico;
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, y;
  3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Pese a lo anterior, el 99% de los abortos continúan realizándose en condiciones de ilegalidad, hay un aumento de las complicaciones por cada mil mujeres (de 7,1 a 9) y el aborto sigue siendo una causa importante de muerte materna (8%). 70 mujeres mueren cada año por aborto inseguro: casi 6 mujeres por mes, más de una por semana (1.5). En 2012 recibieron tratamiento aproximadamente 102.000 mujeres por complicaciones y esta atención le representa al sistema 14.4 millones anuales por costos directos. A pesar de que la IVE está regulada por norma del ejecutivo, en la práctica, el acceso a este servicio viene siendo limitado e inapropiado para las mujeres en todos los niveles de atención y el acceso suele ser más fácil en algunas de las grandes ciudades, presentando más dificultad para las mujeres que habitan zonas y municipios lejanos[2]. Lo anterior, no solo permite verificar que el acceso a los servicios es difícil, sino que es posible que los diferentes procedimientos IVE se sigan practicando en la clandestinidad y en peligrosas condiciones, dada las creencias culturales que no posibilita una labor debidamente profesional- además la presión social moralista ejercida sobre la mujer en cuanto a la toma de decisiones.

De igual forma, en este contexto pasan a identificarse múltiples barreras de acceso, siendo el desconocimiento y la aplicación insuficiente y limitada de las causales llevando esto a la negación injustificada de los servicios, la solicitud de requisitos adicionales que no contempla la norma y el ejercicio inadecuado de la objeción de conciencia.

En efecto, las mujeres aún no deciden sobre su cuerpo porque no conocen sus derechos, porque las instituciones no dan las garantías ni el acceso a la información clara, completa y sin sesgos, además se posee una súper producción en las normas que dificulta hasta a los mismos prestadores su entendimiento.

Se encuentra que los derechos sexuales y reproductivos según la Corte Constitucional.

“[…]reconocen y protegen la facultad de las personas, de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción y otorgan los recursos necesarios para hacer efectiva tal determinación. […] Tanto hombres como mujeres son titulares de estos derechos, sin embargo, es innegable la particular importancia que tiene para las mujeres la vigencia de los mismos ya que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida pues es en sus cuerpos en donde tiene lugar la gestación y, aunque no debería ser así, son las principales responsables del cuidado y la crianza de los hijos e hijas, a lo que se añade el hecho de que han sido históricamente despojadas del control sobre su cuerpo y de la libertad sobre sus decisiones reproductivas por la familia, la sociedad y el Estado”[3]

Y es ese “aunque no debería ser así” el que evidencia la falta de responsabilidad compartida con la pareja en cuestiones correspondientes a nuestra sexualidad, relegándole toda la responsabilidad a la mujer a la que luego de tomar una decisión es juzgada por la misma sociedad que tolera su maltrato.

Columna 13

Fotografía: Yuranis Miranda Montero

Por tanto, la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido y sigue presentando injerencias de todo tipo en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo. Cuerpo que desde los mismos principios de la teoría feminista debería tener una apropiación por parte de la mujer para poder practicar su ciudadanía, experimentar su ser político, alcanzar la igualdad y la equidad. Si estas cuestiones no se analizan, solo se podría llegar a decir que los derechos de las mujeres no se cumplen por ineficiencia institucional; empero, sucede que esa imprecisión de la estructura está permeada por cuestiones culturales que minusvaloran la existencia de la mujer, su cuerpo es entendido aún como propiedad de todos cuando de cuestiones morales se trata; olvidando así las cuestiones éticas de verdadera importancia para no reconocer la vulneración constante de sus derechos.

Frente a esto, los países deben trabajar desde y para una maternidad segura, donde no solo se brinde la garantía del derecho y respeto por el feto, sino que también se tenga en consideración la vida y salud integral de la madre, que deje de instrumentalizarla y se reivindique como sujeto de derechos ante la sociedad. De ahí que, se deba adecuar la legislación interna para “evitar violaciones a los derechos humanos de las mujeres, en virtud de la prohibición total del aborto”[4]. Es aquí, donde toma relevancia la mención que hace  el  Pacto Internacional de Derechos Civiles en cuanto dispone “remover obstáculos para el acceso a IVE”[5], apelando a condiciones de libre determinación, principio de igualdad y no discriminación por motivo alguno. Circunstancias y mandatos que fortalecen al derecho IVE pero que no se ejecutan por su generalizado rechazo cultural.

Mientras tanto, también se piensa que no se han logrado los objetivos propuestos en la medida que se presenta poco o nulo interés de parte de las mujeres por conversar, conocer, participar y exigir como sujeto de derecho y con particular autonomía lo que acontece en relación a su sexualidad y en particular a IVE. Sin embargo, resulta complejo ya que esto debe analizarse desde su ciclo vital correspondiente, con enfoque diferencial y de derechos. De ahí, que es tarea conjunta exigir la “garantía en el acceso  a servicios de salud de manera oportuna y efectiva para la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.[6] Desde el pleno conocimiento para que no siga siendo una utopía poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos.

Como se ha venido mencionando, IVE es un derecho fundamental para la mujer. Es un derecho a tomar las decisiones sobre su propio cuerpo, es una cuestión tan propia y política que debe analizarse como tal, para dar a entender el proceso que se ha tenido que llevar a cabo para su reconocimiento y como ganancia en el fortalecimiento de la autonomía y empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, cabe reiterar que son ellas las que deben tener acceso a ese conocimiento y son ellas las que siguen decidiendo sobre sus vidas, y no puede negarse la presión social que se aplica sobre estas en cuanto a sus procesos vitales.


[1] Esta columna es producto de las observaciones llevadas a cabo en el proceso de práctica I de Trabajo Social-UIS en la Dimensión de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Secretaría de Salud de Santander. Aquí se hizo un análisis de la situación del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo por parte de Paola Hernández García y Yira Miranda Montero.

[2] MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. 2014, p 625. ISBN: 978-958-57747-2-8 Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/compilado-normativa-salud-sexual-reproductiva.pdf

[3] MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Compilación analítica de las normas de salud sexual y reproductiva en Colombia. 2014, p 625. ISBN: 978-958-57747-2-8 Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/compilado-normativa-salud-sexual-reproductiva.pdf

[4] Comité de Derechos Humanos, Caso K.L v. Perú. 2005; Caso L.M.R. v. Argentina. 2007; el Comité de la Cedaw, Caso L.C. v. Perú, 2009; el caso Baby boy vs. Estados Unidos y la Asamblea General, A/66/254. 3 de Agosto de 2011.

[5] PIDCP y en la CADH.El derecho a la vida (Art. 6 y Art 4),estar libre de tortura y tratos crueles,inhumanos o degradantes (Art.7 y Art.5) y el derecho a la intimidad (Art.17 y Art.11-2), así como el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud reconocido en el PIDESC , la CEDAW y el protocolo de San Salvador (Art.14,Art,12 y Art 10) y la protección a la maternidad (Art. 43 de la Constitución).

[6] Comite de la CEDAW,Observaciones finales a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia.2007:Corte Constitucional ,Sentencias T-388 de 2099 y C-355 de 2006.

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